¿Realmente tenemos libertad de expresión?

En su mayor parte, los usuarios de las redes sociales en las democracias son libres de expresar sus opiniones en línea. En España, sin embargo, no es así. Cassandra Vera, una estudiante de 21 años de la ciudad de Murcia, en el sureste de España, ha sido condenada a un año de prisión, y descalificada de funciones públicas durante siete años, después de hacer bromas en Twitter que “glorificaban el terrorismo”.

Entre 2013 y 2016, Vera publicó 13 tweets que comentaban el asesinato de Luis Carrero Blanco por parte de la banda terrorista ETA, ocurrido en 1973. Se esperaba que Blanco sucediera al dictador Francisco Franco, y fue durante mucho tiempo aliado del general. Al fallar sobre su crimen, los jueces de la Audiencia Nacional, el máximo tribunal penal de España, afirmaron que los tweets de Vera “constituyen desprecio, deshonor, descrédito, burla y afrenta a las personas que han sufrido el golpe del terrorismo”.

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¿Existe la democracia real hoy en día?

“Desde que hay democracia se habla de crisis de la democracia”. La frase, dicha para relativizar -hasta donde se puede- la desesperación del público por lo que pasa con Cataluña, es de Josep Lluís Martí, filósofo del derecho de la Universitat Pompeu Fabra y uno de los grandes expertos mundiales en democracia deliberativa (es decir, democracia de calidad), un pensador reconocido en el ámbito. Se da la coincidencia, además, que Martí hace años que estudia los derechos políticos de los políticos presos (o presos políticos: aquí sí que la orden altera el valor del producto). Y precisamente en medio debate Antoni Bassas, que hacía de presentador, anunció que Carles Puigdemont acababa de nombrar a Jordi Sànchez como candidato a presidente de JxCat.

“La realidad siempre supera la ficción: en los escenarios de estudio nunca habíamos imaginado un caso así, siempre pensábamos en diputados tomados, no en candidatos a la presidencia que, además, están en prisión condicional”, explicó Martí, según el cual “la legislación del derecho de sufragio pasivo en España es inconstitucional”.

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